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Marcha mundial contra Monsanto: la izquierda se suma a la jornada contra el agronegocio contaminante


La izquierda diario



“La producción capitalista no sólo destruye la salud física de los obreros urbanos y la vida espiritual de los trabajadores rurales, sino que también perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra. Cada progreso de la agricultura capitalista en el arte de incrementar la fertilidad del suelo por un tiempo es un progreso en la ruina de las fuentes durables de su fertilidad. La producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso de producción social más que socavando al mismo tiempo las dos fuentes de donde mana toda riqueza: la tierra y el trabajador”. (Karl Marx, El Capital, libro I. Gran industria y agricultura).

Este sábado 20 de mayo se realizará una nueva edición de la Marcha Mundial contra Monsanto. La misma, convocada desde el movimiento March Against Monsanto, se viene llevando a cabo en nuestro país desde el 2013, siendo el año pasado protagonista de la movilización en 17 ciudades argentinas y 400 en todo el mundo.

Desde el PTS participaremos reclamando la prohibición de las fumigaciones aéreas, denunciando la responsabilidad del Estado y todos los gobiernos provinciales en la contaminación de los pueblos con agrotóxicos, y proponiendo la expropiación de la propiedad terrateniente y la reconversión progresiva del agromodelo sobre bases sustentables y ecológicas.¡Basta de fumigar a los pueblos! Monsanto, símbolo de un agromodelo contaminante

La imperialista Monsanto ha sido recientemente juzgada en la Haya por un tribunal ético, siendo hallada culpable de “daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio”. Junto a otras empresas, simboliza un modelo agrícola que no solo saquea los recursos y bienes que deberían pertenecer a todo el pueblo trabajador, sino que además afecta la salud y pone en riesgo la vida de cientos de pueblos.

En nuestro país un tercio de la población, es decir, trece millones de habitantes de ciudades rurales medianas y pequeñas, es expuesta directa y periódicamente a los agrotóxicos. Estos constituyen un pilar fundamental del agronegocio capitalista, ya que proporcionan a los empresarios del campo, sedientos de ganancia inmediata, una gran reducción de costos.

Sin embargo, los patrones del campo trasladan los costos al pueblo trabajador, no solo a través de la creciente desocupación del campo y el desplazamiento de comunidades producto de la expansión de la frontera agropecuaria, sino también y principalmente al convertirlo en víctima de las descargas de millones de litros de agrotóxicos. La masiva utilización de dichos químicos supera la cifra de 420 millones de litros al año.

Así, las tasas de cáncer y otras enfermedades respiratorias relacionadas al paquete tecnológico del agronegocio se triplican en estos pueblos fumigados respecto a la media nacional, llegando hasta a un 40 % de mortalidad por cáncer.

La Red de médicos de pueblos fumigados viene denunciando desde hace años esta situación. Solo hace un par de meses, miembros de esta red, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, publicaron en una revista internacional de medicina un estudio donde relacionan el cáncer y otras enfermedades con la exposición ambiental al glifosato (principal componente del herbicida estrella de Monsanto, el RoundUp), en la localidad mediterránea de Monte Maíz, en donde sus habitantes reciben hasta 80 kg de glifosato al año, 16 veces más que la media nacional. Este estudio, que data en realidad del año 2014, fue censurado por las autoridades universitarias, vinculadas al agronegocio. Una semana antes del informe definitivo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) declaró al glifosato como potencialmente cancerígeno.

Estas prácticas han dejado regularmente víctimas fatales. Casos emblemáticos son los de Melisa Núñez y Nicolás Arévalo. Melisa, de 19 años, falleció en su casa a causa de un derrame de agrotóxicos en un depósito ilegal de su barrio, en la ciudad Puerto Quequen. Los culpables son los dueños de la empresa Shipinsuarence S. A., los hermanos Emiliano y Fernando Cañada, vinculados al Momo Venegas. Nicolás Arévalo, oriundo de Corrientes, tenía cuatro años cuando murió luego de pisar un charco de endosulfan, un agrotóxico hoy prohibido, mientras jugaba en la puerta de su casa con su prima. El culpable es el productor agropecuario Nicolás Prieto. En ambos casos la impunidad que brinda el agromodelo ha garantizado la libertad de los responsables. Nicolás Prieto fue escandalosamente absuelto en diciembre del año pasado, mientras que los hermanos Cañada no han recibido una sola orden de arresto desde la muerte de Melisa, mientras se prepara el juicio oral a finales de año. ¡Exigimos justicia por Melisa y Nicolás, y todas las víctimas fatales de este agromodelo contaminante! ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!

Por otra parte, el gobierno nacional ha reconocido que más del 60 % de las frutas y verduras de los Mercados de Buenos Aires, La Plata y General Pueyrredón se encuentran contaminadas con agrotóxicos, entre los cuales se detectaron cuatro químicos prohibidos y otros cuatro más no autorizados, dando cuenta de la impunidad con la que se manejan las patronales agrarias y las multinacionales químicas agroalimentarias.Una política de Estado que es continuidad del kirchnerismo en el macrismo

Si hablamos de políticas de Estado, está a las claras que el agronegocio es una de ellas. Absolutamente todos los gobiernos incentivaron esta actividad, aún más desde 1996 cuando se introdujo en nuestro país el paquete tecnológico del agronegocio (glifosato más soja transgénica) de Monsanto, con un trámite que duró tan solo 80 días. Esta política de Estado también se expresa en la continuación de Lino Barañao a través de la gestión macrista, ministro “pro agronegocio” que en 2009 descalificó los estudios del Dr. Andrés Carrasco, quien había demostrado los efectos nocivos del glifosato sobre el desarrollo embrionario. Barañao, entrevistado por Hebe de Bonafini en 2011, catalogó la toxicidad de este herbicida como “agua con sal”. En 2012 Cristina Kirchner anunciaba una inversión millonaria, la más grande en América Latina, de Monsanto para construir una planta acondicionadora de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. Esta construcción fue resistida con un bloqueo de vecinos que duró cuatro años, con varias represiones mediante. Hoy son más de treinta los vínculos del agronegocio con el gobierno de CEOs de Mauricio Macri, un gobierno entregado completamente al saqueo de las multinacionales mineras, petroleras y del agronegocio. Se trata de una evidente línea de continuidad entre el anterior y el actual gobierno.

Y para colmo, solo hace unos días el presidente de Dupont Argentina y Latinoamérica, Juan Manuel Vaquer, “ponderó la necesidad de contar con una nueva Ley de Semillas para atraer inversiones externas, y se mostró ‘optimista’ respecto a los resultados que tendrán la búsqueda de acuerdo encarado por semilleros, productores y el gobierno nacional” para “tener una buena ley”. Se refiere al proyecto de ley de semillas acordado entre el macrismo y Monsanto (anteriormente con CFK), también conocida como ley Monsanto de semillas, que Cambiemos busca sancionar a medida del agronegocio, tratando de finalizar el largo proceso de avance en el control imperialista de la cadena productiva de alimentos y así garantizarle una mayor porción de la renta agraria. La finalización de este proceso tiene como condición tanto la criminalización de la agricultura familiar como la criminalización de los opositores políticos a un modelo agroextractivista que condena no solo a los trabajadores rurales y pequeños campesinos a cada vez peores condiciones económicas y sociales, sino que también a la población de las zonas agrícolas a la proliferación del cáncer y otras enfermedades respiratorias asociadas a su paquete tecnológico.Nuestras vidas valen más que sus ganancias

Frente a este escenario desastroso de impunidad y crímenes sociales, es necesario contraponer una alternativa obrera y socialista, comunista, que apunte a dinamitar el poder de los partidos patronales y organismos afines y, en una perspectiva anticapitalista, abrir camino en unidad de los trabajadores del campo y la ciudad hacia una sociedad sin explotados ni explotadores ni destrucción del medioambiente.

Es por eso que, por una parte, por atentar contra el derecho humano a un ambiente sano, adherimos a las demandas populares que reclaman como medidas de emergencia la prohibición inmediata de las fumigaciones aéreas y la reducción progresiva del uso de agroquímicos del paquete tecnológico del agronegocio, desde los reconocidos por IARC-OMS como cancerígenos humanos grados 1, 2A y 2B, sobre todo el glifosato, exigiendo provisoriamente su reclasificación en etiqueta roja, prohibiendo su libre comercialización y aplicación dentro y en las cercanías de lugares poblados y escuelas; hasta los pesticidas considerados altamente peligrosos por OMS y FAO, los cuales muchos de ellos ya se encuentran prohibidos en sus países de origen, prohibiendo las fumigaciones a mil metros de escuelas y pueblos, la presencia y circulación de máquinas de fumigar (mosquitos) en zonas urbanas y la existencia de depósitos de agrotóxicos en el interior de pueblos y barrios de ciudades.

Y por otra parte, proponemos la expropiación de la mitad de las tierras cultivables, correspondientes a los principales cuatro mil terratenientes de la Argentina, y la nacionalización y estatización bajo control de los trabajadores de la banca para financiar la necesaria reconversión progresiva del agromodelo sobre bases sustentables y ecológicas. Reforma agraria a favor de los pueblos originarios y pequeños campesinos, expulsión del imperialismo, y expropiación y reconversión de todas las empresas agroalimentarias (plantas procesadoras de semillas, campos y laboratorios de experimentación, plantas productoras de plaguicidas y fertilizantes, bases de datos, fábricas de maquinaria agrícola, etcétera) bajo gestión de sus trabajadores y consumidores para el desarrollo de un modelo agropecuario fundamentado en bases sustentables y agroecológicas como sistema productivo dominante, en alianza entre los trabajadores del campo y la ciudad y de los honestos profesionales, científicos e investigadores que pongan sus conocimientos al servicio de un modelo contrario al actual agromodelo contaminante de ganancias multimillonarias para pocos y desempleo, muerte y enfermedad para muchos. O como señaló nuestro compañero Nicolás del Caño en el acto del Primero de Mayo: “Organizar la economía y la sociedad en función de las necesidades del pueblo trabajador”.

Por esto y mucho más es que este sábado 20 de mayo adherimos a la marcha mundial contra Monsanto. Sumate a marchar en tu ciudad.

En CABA, Plaza San Martín, desde las 12 horas habrá una jornada cultural en donde los organizadores han invitado a exponer a los médicos Damian Verseñazzi y Jorge Kaczewer, al ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, a la maestra de escuelas fumigadas Ana Zabaloy, y a los abogados Marcos Filardi y Jonatan Valdivieso.

Para marchar sumate a la columna del PTS. Comenzaremos a concentrar a partir de las 15 horas.

* El autor es militante de la Juventud del PTS de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata.








https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226802


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