Washington, 28 jul (PL) Más de 700 menores indocumentados permanecen separados hoy en Estados Unidos cuando ya pasó el plazo dado para su reunificación por un juez federal, que culpó al Gobierno por la deportación de cientos de padres.
El magistrado de distrito Dana Sabraw, radicado en San Diego, California, manifestó anoche que la administración de Donald Trump merece gran crédito por devolver al lado de sus padres o patrocinadores a más de mil 800 niños, de cinco a 17 años, para la fecha límite que se cumplió el pasado jueves.
Tal cifra comprende a mil 442 infantes que fueron devueltos a sus progenitores mientras estos aún se encontraban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y otros 378 que fueron liberados en diferentes circunstancias.
Sin embargo, Sabraw advirtió que se debe establecer un mejor sistema porque muchas familias aún no se han reunido, y sostuvo que el ejecutivo tiene la culpa de perder varios cientos de adultos en el proceso.
Ello se debe a que de los 711 menores que no pudieron se regresados a sus progenitores luego ser divididos en la frontera sur del país, en muchos casos a raíz de la polémica política de tolerancia cero de la administración Trump, 431 corresponden a padres que fueron deportados.
La cadena KFMB de San Diego informó que, según los documentos judiciales, unos 120 de esos adultos renunciaron a la reunificación con sus hijos.
Pero el abogado Lee Gelernt de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las familias separadas, señaló que aquellos que firmaron la renuncia a la reunificación no entendieron lo rubricado, y se les debe dar más tiempo para hablar de ello con sus seres queridos.
Al respecto, el Departamento de Salud y Recursos Humanos, que se encarga de la custodia de los menores cuando están solos, sostuvo que esos padres tienen la capacidad de cambiar de opinión y se trabajaría de manera expedita para reunirlos.
El juez consideró que la falta de un plan del Gobierno para proceder con las reunificaciones cuando comenzó el programa de detención ha sido una causa fundamental de la demora en completar el proceso.
Cada departamento era como su propia chimenea, cada uno tenía su propio jefe y no se comunicaban. Lo que se perdió en el camino fue la familia, lamentó.
Sabraw ordenó a la administración y a la ACLU que envíen actualizaciones escritas todos los jueves sobre las familias aún divididas.
A su vez, en una acción legal paralela, la jueza Dolly Gee de Los Ángeles aprobó ayer la designación de un monitor independiente para evaluar las condiciones de los niños en las instalaciones fronterizas, tras muchos reportes sobre alimentos en mal estado, agua insuficiente y temperaturas frías.
Las partes tienen hasta el 10 de agosto para elegir entre ambas a esa figura, y si no llegan a un acuerdo, deberán hacer sugerencias a la magistrada para que ella elija.
oda/mar
Tal cifra comprende a mil 442 infantes que fueron devueltos a sus progenitores mientras estos aún se encontraban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y otros 378 que fueron liberados en diferentes circunstancias.
Sin embargo, Sabraw advirtió que se debe establecer un mejor sistema porque muchas familias aún no se han reunido, y sostuvo que el ejecutivo tiene la culpa de perder varios cientos de adultos en el proceso.
Ello se debe a que de los 711 menores que no pudieron se regresados a sus progenitores luego ser divididos en la frontera sur del país, en muchos casos a raíz de la polémica política de tolerancia cero de la administración Trump, 431 corresponden a padres que fueron deportados.
La cadena KFMB de San Diego informó que, según los documentos judiciales, unos 120 de esos adultos renunciaron a la reunificación con sus hijos.
Pero el abogado Lee Gelernt de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las familias separadas, señaló que aquellos que firmaron la renuncia a la reunificación no entendieron lo rubricado, y se les debe dar más tiempo para hablar de ello con sus seres queridos.
Al respecto, el Departamento de Salud y Recursos Humanos, que se encarga de la custodia de los menores cuando están solos, sostuvo que esos padres tienen la capacidad de cambiar de opinión y se trabajaría de manera expedita para reunirlos.
El juez consideró que la falta de un plan del Gobierno para proceder con las reunificaciones cuando comenzó el programa de detención ha sido una causa fundamental de la demora en completar el proceso.
Cada departamento era como su propia chimenea, cada uno tenía su propio jefe y no se comunicaban. Lo que se perdió en el camino fue la familia, lamentó.
Sabraw ordenó a la administración y a la ACLU que envíen actualizaciones escritas todos los jueves sobre las familias aún divididas.
A su vez, en una acción legal paralela, la jueza Dolly Gee de Los Ángeles aprobó ayer la designación de un monitor independiente para evaluar las condiciones de los niños en las instalaciones fronterizas, tras muchos reportes sobre alimentos en mal estado, agua insuficiente y temperaturas frías.
Las partes tienen hasta el 10 de agosto para elegir entre ambas a esa figura, y si no llegan a un acuerdo, deberán hacer sugerencias a la magistrada para que ella elija.
oda/mar
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