En estos días se multiplican las conmemoraciones sobre el “estallido social” que se expresó con virulencia en el año 2001 y que culminó con la presentación de la renuncia del gobierno presidido por Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de ese año.
Existe el enorme riesgo de simplificar el proceso y reducirlo a las jornadas de movilización popular que se repitieron en los centros urbanos y que fueron largamente acompañados por la mayoría de los oligopolios mediáticos el 19 y el 20 de diciembre de ese año.
Pensar en una situación de calma y paz social que explota de repente, una especie de “rayo en un cielo despejado”, o verlo como una espontánea “explosión popular” ante las presiones del FMI en medio de una “calma chicha” sería un grave error que no se condice con lo acontecido.
Existe cierta tendencia de parte de algunos comentaristas de simplificar el tema, eliminando la consideración sobre la acumulación de luchas obreras y populares que desemboca y combina con la “gran bronca” de diciembre de 2001. Incluso, desde cierta prensa, se tiende a presentar únicamente la movilización de ciertos sectores sociales que se sumaron en masa respondiendo a una especie de convocatoria de parte de los medios de comunicación hegemónicos luego de las medidas confiscatorias de los ahorros bancarios (el corralito).
Aquello que culmina con la renuncia de un gobierno que había sido elegido apenas dos años antes es resultante de una larguísima acumulación de resistencias y luchas del movimiento obrero y popular del país.
No podrían entenderse jamás las jornadas del 2001, sin analizar las resistencias de los sectores populares a las políticas implementadas por las definiciones denominadas como del “Consenso de Washington”, o más popularmente conocidas como medidas “neoliberales” de los 90.
El gobierno Justicialista encabezado por Carlos Menem, fue el encargado de impulsar en el país desde 1990 en adelante, las políticas sugeridas desde los grandes centros de poder para enfrentar la tremenda crisis del sistema capitalista en el período que se denominó “fin del estado de bien estar”. (Erick Hobsbawm)
Estas políticas que se fueron imponiendo de manera masiva en la mayoría de los países, surgían de lineamientos dictados por la “ortodoxia” monetarista, inspiradas en el ideario de Von Hayeck (entre varios) y e impulsadas desde la escuela de economía de Chicago.
Las mismas consistían en aplicar programas basados en reducción del “gasto público”. Entendiendo por ello todo gasto estatal dirigido a sostener ciertas condiciones de vida más elevadas para los sectores populares. Por ello se impusieron privatizaciones de los servicios públicos, privatización del sistema previsional, destrucción de los convenios colectivos y derechos laborales conquistados por décadas de luchas sindicales. El desmantelamiento de políticas proteccionistas en los países periféricos para que las grandes empresas de los países imperialistas pudiesen inundar los mercados con sus productos. La “deslocalización” de las grandes empresas a partir del desarrollo de la tecnología productiva y de la logística mundial ubicándose en países de menor organización e ingresos de los trabajadores. El avance en la mercantilización de los servicios de salud y educación públicas. Y toda una artillería de medidas en el mismo sentido.
En definitiva, se trataba de medidas que dejaban paso libre a la concentración de los capitales y la maximización de la tasa de ganancia de los grandes capitalistas en el mundo a partir del aumento en la explotación de los trabajadores.
La crisis y descomposición del bloque de países bajo regímenes “burocráticos de izquierda”, que se denominaron como “socialistas” ayudaron a que la confusión facilitara la propaganda ideológica contra todo tipo de organización colectiva y resistencia desde las organizaciones del movimiento obrero mundial.
La capitulación vergonzosa de los movimientos “nacionalistas” burgueses en los países atrasados (de los cuál el peronismo de Menem era una expresión descarnada) así como la transformación neoliberal de los partidos “socialistas” en los países centrales, ayudaron a cimentar el triunfalismo de los fundamentalistas del mercado.
El pueblo trabajador de este país, a partir de esa situación altamente confusa, vio debilitarse y demostrarse impotente para defender su nivel de vida a las poderosas organizaciones sindicales que durante años habían configurado un poder insoslayable en el escenario político y social.
Una combinación de medidas (retiros voluntarios, Propiedades Participadas, regímenes mixtos de obras sociales, participación en las privatizaciones, etc.) posibles de considerarse “sobornos”, orientados tanto a dirigentes, como a importantes franjas de la población trabajadora, que consideraron posible su transformación para “dejar de ser proletarios y convertirse en propietarios”, debilitó considerablemente cualquier resistencia eficaz contra ese proceso económico y social que popularmente se conocieron como las “recetas neoliberales de los 90”.
Sumemos a esto que organizaciones políticas de pequeña y marginal, pero creciente influencia entre los trabajadores, que se denominaron “socialistas y revolucionarias”, se dividieron, debilitaron y disolvieron de manera lastimosa, rápida e imparable.
A pesar de este contexto poco favorable y de ofensiva patronal y reaccionaria, los trabajadores de este país dieron señales de inicio de reorganización y resistencia, en relativamente, pocos años.
La fundación de la CTA (Congreso de Trabajadores Argentinos luego Central), las luchas del movimiento de jubilados y pensionados, así como el surgimiento de la MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos corriente interna de la CGT encabezada por Moyano y Palacios), la construcción de poderosas organizaciones de trabajadores desocupados (UTD , CCC y FTV), junto a la incansable resistencia de los organismos de DDHH (reforzados por la constitución de HIJOS en 1996) en el primer lustro de la década del 90 fueron sentando las bases de una creciente respuesta organizada y colectiva al “nuevo” escenario impuesto por el sistema capitalista en la región.
Las explosiones populares en varias provincias en respuesta a los feroces ajustes y recortes del “gasto público” de las provincias menos favorecidas por el plan económico, así como las grandes protestas y puebladas alrededor de centros obreros desmantelados por cierres de actividades productivas a partir de la privatización de YPF, así como las grandes protestas sociales por el aumento sideral de la desocupación fueron dando batalla persistente y creciente a esas políticas que contradictoriamente, permitían que algunos sectores “altos” de algunos centros urbanos mejoraran su condición de vida y sus ingresos.
Las medidas económicas, surgidas de igualar el valor del peso con el valor del dólar, (denominado convertibilidad), así como el desarrollo de importaciones que, si bien pulverizaron decenas de miles de puestos de trabajo, permitieron que sectores ligados a la importación o la especulación vieran aumentar sus ingresos.
Sumado a esto, la política monetaria permitió que ciertos sectores (no mayoritarios, pero si numerosos) pudiesen acceder a un ascenso en su nivel de vida.
La propaganda de una “vida de ingreso al primer mundo” se hizo “realidad” en el imaginario de algunos sectores minoritarios, mientras una inmensa mayoría de la población eran llevados a la más terrible miseria, pobreza, desocupación y exclusión social.
No dejemos de lado que, en 1995 el gobierno encabezado por Menem fue re-elegido por voto popular.
A partir de la segunda mitad de la década y con el enorme “espaldarazo” que resultó de la realización de la Marcha Federal (CTA – CCC y apoyo del incipiente MTA) en julio de 1994, se desencadenaron crecientes escenarios de protesta y movilización contra un programa económico que evidenciaba signos de agotamiento. Esa histórica Marcha sirvió para que el descontento acumulado en las provincias tomara forma de protesta y escalara al escenario nacional.
Por otro lado, amplios sectores empresariales que durante los primeros tres o cuatro años acompañaron la implementación de medidas anti-obreras y reaccionarias del peronismo menemista, vieron cómo la tendencia natural del sistema capitalista a la concentración de capitales (favorecida por esas medidas), los iba dejando de lado e impulsándolos a la pauperización creciente.
Muchas cámaras empresarias que habían aplaudido los primeros años de “convertibilidad”, ahora comenzaban a sumarse a “multisectoriales” de protesta contra el plan económico y hasta financiaban la realización de protestas o marchas de protesta.
No sorprende entonces que los sectores más tradicionales del movimiento sindical fueran girando a una política de mayor enfrentamiento desde los lugares que ocupaban en la CGT “oficial”.
Recordemos que desde 1994 al realizarse la MARCHA FEDERAL desde CTA, CCC y una serie de organizaciones populares se sucedieron tres (3!) huelgas generales impulsadas por la Mesa de Enlace Sindical constituida por MTA- CTA y CCC… .
Y en septiembre y diciembre de 1996 se realizaron dos (2¡!) grandes huelgas generales convocadas por la conducción de la CGT oficialista y mayoritaria, contando con el apoyo de la Mesa Sindical (MTA- CTA- y CCC).
En 1997 a partir de la enorme movilización que se denominó Marcha por el Trabajo (impulsada por sectores de trabajadores de la industria con apoyo de sectores patronales) así como una enorme movilización de la docencia y sectores universitarios. Se llegó a una gran huelga general el día 14 de agosto de 1997.
El crecimiento de una Alianza política (UCR- FrePaSo) que se presentaba como alternativa al gobierno de Menem, aunque especificando la “continuidad de su política económica exitosa”. Sumado esto, al surgimiento de una “oposición” dentro del elenco gobernante encabezada por el ex vicepresidente (Eduardo Duhalde) que abiertamente, comenzaba a plantear la necesidad de “salir” del esquema de convertibilidad.
Estos acontecimientos producen un efecto de detención del proceso de luchas, ante la posibilidad de un recambio electoral que planteara “otra perspectiva” para el creciente sufrimiento de cada vez más y más sectores de la población.
En ese marco asume en diciembre de 1999, el gobierno de la Alianza encabezada por De la Rúa y Chacho Álvarez que en muy poco tiempo “cumple” con su promesa de aplicar las medidas económicas “neoliberales” pero sin “corrupción” ni “gastos propios de la clase política”… es decir, que los padecimientos de millones y millones de excluidos, desocupados y próximos a quedarse sin trabajo… se profundizaron de manera dramática…
Esto demostró, que la propaganda sobre “la corrupción como el problema más grande de la sociedad” era una premeditada argumentación para NO modificar en lo esencial los esquemas de dominación perfilados desde los inicios de la década… Y con ello, NO aliviar en lo más mínimo los padecimientos de millones y millones de pauperizados y excluidos que de manera creciente seguían siendo expulsados de cualquier posibilidad de supervivencia.
El año 2000, el nuevo gobierno llegó con medidas que debían darle una salida a la creciente crisis del esquema económico implementado en 1990/1991. Las medidas que el gobierno de la Alianza impulsaba en el cambio de siglo eran: avanzar en la flexibilidad laboral, liquidar todo vestigio de sistema de seguridad social y avanzar en el arancelamiento de la Universidad Pública eliminando una de las grandes conquistas democráticas instauradas en el gobierno del general Perón en 1949… la gratuidad de la educación superior…
(Algo que increíblemente, la mayoría de la población anti-peronista ha “olvidado” que se lo DEBE a las políticas del primer gobierno del General Perón, “creyendo” que lo debe a la “Reforma del 18”. La gratuidad de la educación superior es algo que el reformismo del 18, NO reclamó)
Junto esto, se desmanteló el pago de jubilaciones y subsidios a amplios sectores de la población. Con la propaganda mediática de combatir las “jubilaciones de privilegio” por ejemplo, se anularon las pensiones para todos los ex – combatientes de Malvinas.
A esto sumemos una serie de endeudamientos asumidos desde finales del 2000 y principios del 2001 conocidos como MEGA-CANJES, o préstamos de BLINDAJE, que solamente postergaban la realización de los pagos asumidos ante el FMI con nuevos endeudamientos que aumentaban las obligaciones y aceleraban los tiempos de pago de los mismos.
Por ello, el año 2001 fue claramente el año del AJUSTE para poder afrontar los pagos de la deuda externa, que ante la generalizada recesión y detención de las actividades económicas dejaba cada vez más sin recursos al estado.
La salida planteada por el gobierno (con la incorporación del “padre de la criatura” neoliberal, Domingo Cavallo como ministro) fue el recorte del cobro de jubilaciones y pensiones, la reducción de partidas presupuestarias para salud y especialmente educación en un 13 %.
Agreguemos a esto, la reducción de montos coparticipables para las provincias que habían asumido la totalidad de gastos en educación y salud públicas. Esto obligó a la implementación de “bonos provinciales” con la cual la mayoría de los estados provinciales debieron emitir para cubrir sus gastos de funcionamiento. (Patacones en Provincia de Buenos Aires; Bono Federal en Entre Ríos, LeCor en Córdoba, y así una mayoría de provincias emitieron sus “cuasi monedas” que empezaron a circular junto con el peso de curso legal).
Un generalizado recorte de gastos del conjunto de la administración pública fue lo característico del año 2001.
Esto se sumó de manera dramática a la recesión y desocupación que aumentaba mes tras mes.
Millones y millones de personas en el país se sumergían en la desocupación, el hambre y la miseria de la exclusión social de manera inédita.
No hace falta ser un analista o un estudioso del tema para concluir que el año 2001 se presentaba con una caótica acumulación de conflictos en todos los aspectos de la economía, con derivaciones sociales y políticas.
La crisis social se multiplicó de manera dramática y destaquemos que en aquél momento la “Asignación Universal por hijo” o los “planes sociales” eran solamente una consigna de las protestas de la CTA (pedía el Ingreso Universal por hijo) o una consigna de la CCC (universalización de planes de trabajo sociales a cargo del estado)
Recordemos que, con la “privatización” del sistema previsional toda persona que no tuviera trabajo el día que le llegaba la edad jubilatoria que había sido aumentada a los 65 años, aunque tuviera los 30 años de aporte que ahora exigían… ¡¡¡PERDÍA el derecho a percibir una jubilación!!! Aunque tuviera los años de aporte o la edad, los trabajadores perdíamos el derecho a jubilarnos si NO TENÍAMOS trabajo en el momento de cumplir con la edad…
Al igual que el “modelo chileno de jubilaciones” se trataba de un modelo criminal…
Si agregamos a la absoluta ausencia de cualquier sistema de seguridad social, sumado a la precarización laboral instaurada por largos años de legislación o decretos promovidos por el gobierno anterior, continuadas y profundizadas por la Alianza, no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que se avanzaba a una explosión social.
No casualmente, la propaganda emitida desde sectores del propio gobierno alertaba sobre una inminente explosión social y apostaban a la profundización de las políticas represivas. En este sentido, la represión con asesinatos en Corrientes el primer día de presidencia de Fernando De la Rúa fue un claro símbolo de lo que esperaba para el pueblo trabajador.
Esta situación había estado siendo enfrentada por un creciente movimiento de todas las organizaciones del movimiento obrero y popular. Nunca había sido aceptada de forma pasiva, a pesar de aislamientos y deserciones.
Las puebladas de Cutral Co, Tartagal, Santiago, Jujuy, etc. etc. El surgimiento de las grandes organizaciones de sectores de desocupados (que la prensa de manera superficial calificó como “piqueteros) que adquirieron una masividad impactante y llegaron a derrotar a las fuerzas de seguridad represivas en varios enfrentamientos, obligando a otorgar concesiones en “ayudas alimentarias” o tareas “semi-informales” asumidas por el estado.
Un proceso creciente de trabajadores que ocupaban y tomaban las empresas que, por la crisis o por maniobras de vaciamiento empresario eran dejadas a la “deriva” o cerradas.
Los masivos y crecientes movimientos contra la represión a la protesta social que rápidamente empalmaron con la histórica lucha contra la impunidad del terrorismo de estado de la dictadura militar, fue algo muy importante de aquellos años. Esto cimentó cierto encuentro entre organismos de DDHH y organizaciones sindicales y sociales.
Por último, se desarrolló el definitorio proceso de luchas que expresaba el descontento de sectores del movimiento obrero organizado que fue impulsando el histórico record de 8 huelgas generales en 2 años… (¡¡¡!!!) … Algo inédito que muchos “analistas del espontaneismo del 2001” se olvidan convenientemente.
A diciembre de 2001 llegamos entonces, con varios componentes y vertientes que marcan las luchas y el descontento que termina con la renuncia del presidente De la Rúa y su gobierno. Abriendo así, una fuerte crisis institucional que recién comienza a cerrarse en las elecciones de mayo de 2003.
Por otro lado, hay quienes sostienen que, como expresara Fidel Castro en las escalinatas de la Facultad de Derecho, fueron las jornadas en las cuáles se “enterró al neoliberalismo en la región”.
Algunas cuestiones que confluyen en aquellos momentos, son:
1- La discusión al interior de los sectores de poder sobre la “salida” ante el evidente agotamiento del programa de convertibilidad. Recordemos que a lo largo de todo ese año las fuerzas políticas de gobierno y de la oposición, así como los sectores sociales que integraban el poder fáctico se dividieron “transversalmente” entre “devaluadores” y “dolarizadores”.
Por otra parte, esto era parte de un debate internacional. Ecuador había aplicado la “dolarización” generalizada de su economía y Brasil había aplicado una controlada “devaluación”.
2 – La enorme presión acumulada por las masivas y continuas movilizaciones del movimiento de desocupados a lo largo y lo ancho del país que tendía a confluir con el creciente desarrollo de luchas de los trabajadores. Movimiento que asumía las formas organizativas del “modelo sindical” mayoritario en el país. (Delegados, Asambleas, Comisiones Directivas, etc.)
3- El proceso sostenido y creciente de luchas del movimiento obrero. Tanto de los organizados sindicalmente, como aquellos que ocupaban sus establecimientos reclamando por la continuidad de sus puestos de trabajo. Destaquemos que, en solo dos años se realizaron 8 huelgas generales y 200 establecimientos fueron ocupados por sus trabajadores a lo largo de 2001 y 2002.
4 – Los sectores estudiantiles que lucharon contra el recorte presupuestario que llevaba inevitablemente al arancelamiento de la educación superior, con amplia participación de la docencia del sector. Y luego si, sectores de la clase “media” urbana, por último, que despertó a la realidad cuando desde el 5 de diciembre se aplicaron medidas confiscatorias contra los ahorros bancarios. Este sector fue tal vez, el más reflejado mediáticamente en sus protestas. Este sector, fue aquél que mientras duró su reclamo apeló a las reuniones asamblearias en plazas y parques incorporando una diversidad de sectores que expresaron las más diversas pretensiones y planteos. Desde el “que se vayan todos” hasta la reivindicación del “trueque” o la “vida comunitaria fuera del sistema” junto a un largo etcétera de curiosas pretensiones.
A nuestro entender, comprender la larga acumulación de resistencias y luchas que se expresa en las jornadas que aceleran la renuncia del gobierno de la Alianza es altamente esclarecedor para las futuras luchas que el movimiento obrero y popular tiene planteadas.
Pero para que ese análisis sea útil a nuevas generaciones de luchadores obreros y populares, este debe hacerse sin simplificaciones “románticas” y sin intentar “acomodar” los sucesos a conclusiones pre- establecidas.-
A fines de enriquecer la consideración colectiva de las luchas que el propio pueblo trabajador protagonizamos, así como evaluar las acciones con las cuales “operan” los poderes hegemónicos, es que presentamos este aporte.
Queda, por último, destacar que, a lo largo del desarrollo de estas luchas, desde los sectores de poder (económico y político) se ejecutaron políticas represivas inmanentes a la mantención del sistema capitalista, pero que, por tratarse de un largo proceso de ajuste y pauperización de las masas populares, fueron utilizados de manera creciente y recurrente a medida que más sectores iniciaban el camino del reclamo.
Decenas de luchadores, trabajadores, o simples ciudadanos fueron asesinados en estos años.
En las jornadas de diciembre de 2001 esta práctica pegó un salto criminal con el decreto de estado de sitio. 38 personas fueron ejecutadas por las balas represivas en apenas 48 hs.
Los responsables de estos crímenes gozan de impunidad. Apenas algunos ejecutores fueron juzgados.
Luchar por el juicio y castigo a los responsables de los mismos es una cuestión ineludible para todo integrante del movimiento obrero y popular y para todo ciudadano que se proclame defensor de las libertades democráticas.
Carlos Ghioldi. Sec. Gremial CTA (T) Pte Comite de Lucha Trabajadorxs en La Toma.
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