El caso Murillo y Niño
Los líderes sociales no son solo objeto de la violencia política en Colombia. En Arauca, departamento fronterizo con Venezuela y con grandes recursos petroleros, Murillo y Niño, ejemplifican la persecución que padecen quienes se convierten en una piedra en el zapato para los intereses del Estado y las grandes multinacionales petrolíferas. Ambos pertenecen al Congreso de los Pueblos un movimiento político y social que acumula centenares de detenciones desde que en 2002 Uribe alcanzase la presidencia del país.
El martes 30 de noviembre, dos líderes sociales de Arauca comparecieron en una rueda de prensa en la sede del Congreso de los Pueblos en Bogotá. Después de casi 2 años de su detención, al no haberse iniciado el juicio oral y público por conductas procesales negligentes de la Fiscalía, el día anterior un Juez ordenó su libertad por vencimiento de términos. Fueron capturados por rebelión, concierto para delinquir y secuestro, acusados de ser cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región, alegando que habrían utilizado su condición de líder social y su afinidad con la gente para poner esas actividades del movimiento social al servicio de la guerrilla. Entre las acusaciones, les señalaban de organizar atentados con explosivos y participar en el secuestro de un funcionario de una empresa contratista de Ecopetrol. De nuevo, un falso positivo judicial dirigido contra líderes sociales acusados de guerrilleros o terroristas se desmorona con el transcurso del tiempo.
La pesadilla de estos líderes sociales empezó en Saravena. En el caso de Murillo, cuando salió de la sede del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente (MSSP) y se percató de que unos individuos le seguían en moto pensó que iban a asesinarle, como ha sucedido con tantos líderes sociales. En lugar de eso, fue detenido en una espectacular operación policial que incluyó llevarle en un helicóptero Black Hawk a la ciudad de Arauca y, después de pasar varios días detenido, trasladarle en un operativo militar a Bogotá.
Aunque no habían dormido mucho, después de que salieran por la noche de la prisión de la Picota de la capital de Colombia, ambos comparecen ante los medios con una alegría contenida. José Murillo habla de “una victoria parcial que será mas completa cuando se declare nuestra inocencia” y Jorge Niño agradece el apoyo incondicional durante los años de cautiverio del que salen “con la convicción de continuar la lucha por nuestro pueblo.”
Pueden estar contentos de recobrar indemnes la libertad tras dos años de una reclusión reforzada. El aislamiento propio del régimen del pabellón de alta seguridad en el que les ingresaron fue endurecido con las medidas adoptadas con la llegada del coronavirus. La pandemia se cebó especialmente con los presos hacinados en un sistema penitenciario fallido como el colombiano. Han esquivado las consecuencias de la enfermedad del coronavirus que padecieron, y de la que salieron sin asistencia médica, y de la represión contra las jornadas de protesta carcelaria protagonizadas por los presos durante el inicio de la pandemia. En otra cárcel de Bogotá, La Modelo, 24 presos murieron masacrados por el Estado colombiano en marzo de 2020.
Desde la prisión no han sido ajenos a las históricas movilizaciones populares contra el Gobierno de Duque. El mes de abril, las protestas del paro nacional movilizaron a millones de colombianos contra las medidas adoptadas en plena pandemia por un gobierno calificado de narco-estado, por los innumerables escándalos que enfrenta por vínculos con traficantes. La oleada represiva ha dejado decenas de muertos, desaparecidos, cientos de lesionados y la judicialización de jóvenes participantes en las protestas continua a día de hoy, con arrestos que no cesan meses después de que las protestas iniciaran su declive.
Niño explica cómo son “atropellados por esta política de Estado, a la que no tenemos miedo de confrontar.” El mensaje es “dar mas motivación a los demás compañeros que están hoy en procesos de judicialización y amenazados, que no tengamos miedo porque no estamos haciendo cosas injustas, sino buscando un cambio a la sociedad, y por ello unas minorías buscan crear ese miedo”. Se refiere, principalmente, a los jóvenes como los integrantes de las primeras lineas a los que se acusa de ser “promotores de actos de terrorismo, vandalismo, agitar movilizaciones,…, el ejercicio de la protesta social no debe tratarse como un delito, criminalizarse”.
Además de las nuevas expresiones de protesta y descontento que han surgido durante el Paro Nacional, ambos líderes, que hacen parte del Congreso de los Pueblos (Cdp), no pueden evitar recordar la judicialización a la que se ve sometida este movimiento político y social. Desde el año 2002 se han dado 440 procesos judiciales contra integrantes del Cdp.
Murillo refiere que su proceso es “parecido a cualquier otro caso de montajes judiciales del gobierno colombiano, no ahora, sino de manera reiterada, especialmente desde el 2002, principalmente terrorismo judicial, se orquestan montajes con testigos a los que se les dan beneficios para que digan mentiras,…, una política criminal que obedece a una lógica con enfoque de intereses de clase, que persigue y castiga a los pobres, a los que obedece la justicia colombiana, castigar a los de ruana, a la cárcel entran los que no tienen la posibilidad de corromper al sistema”
“Lo único que hacemos es el uso de la palabra y la voz, reivindicando una serie de derechos, que no están por fuera del marco constitucional. Esas banderas representan derechos contemplados en constitución y la ley, sin embargo representan un obstáculo para los intereses de la locomotora extractivista que quiere saquear recursos estratégicos para el país. Nos dejan la miseria y crisis ambientales en los territorios. En nuestro caso veníamos de un proceso de lucha y resistencia contra petroleras en términos de reivindicaciones laborales pero también el pago de la deuda histórica que el capital transnacional tiene con Centro Oriente por más de 40 años, por eso se nos hace un montaje judicial de forma tramposa y criminal”, añade Murillo.
La abogada de ambos Marcela Cruz manifestó recientemente a la agencia Colombia Informa que:
“seguimos considerando que el proceso adelantado en contra de estos dos líderes sociales es un falso positivo judicial, porque lo que hace la Fiscalía es reproducir la vieja fórmula de tomar algunas personas desmovilizadas de grupos armados, o que dicen ser desmovilizadas porque en algunas ocasiones no pueden demostrar que efectivamente militaron o hicieron parte de un grupo armado ilegal, y hacer que esas personas empiecen a hacer una serie de afirmaciones en contra de líderes sociales para desprestigiar su labor social y para vincularlos con hechos que tienen que ver directamente con el conflicto armado.
En el caso que tiene que ver con José Murillo lo que hace la Fiscalía es decir que, en calidad de líder social, lo que hacía era poner ese liderazgo al servicio de la insurgencia. Pero además la Fiscalía llegó al punto de atreverse a afirmar que José Murillo, una persona pública y reconocida en el departamento de Arauca, participa de manera directa, es decir materialmente, ubicando artefactos explosivos en las vías del departamento o incluso de participar directamente en el secuestro de un funcionario de una empresa contratista de la industria petrolera en pleno casco urbano del municipio de Saravena y a plena luz del día”.
Estos líderes provienen de Arauca, un departamento que desde el mes de septiembre de 2002, al mes de que tomara posesión como Presidente Álvaro Uribe, fue declarado dentro de las zonas de rehabilitación y consolidación, una especie de estado de excepción dentro del país. Desde entonces, de los 440 casos de detenciones a integrantes del Congreso de los Pueblos, 353 casos corresponden a la región de Centro Oriente. Para Murillo esto “tiene una razón de ser geopolítica. El Meta, Casanare y Arauca es el enclave minero energético más grande del país, y Centro Oriente es la frontera más grande con Venezuela, para nadie es un secreto el interés imperialista de avasallar al pueblo venezolano y derrocar al proceso de Gobierno venezolano. Arauca por ser frontera es una punta de lanza. Y Arauca, por tener un movimiento social fuerte, beligerante, protagónico como el MSSP, es una piedra en el zapato para los intereses imperialistas. Está en juego estrategia de agresión imperialista”. Estas son las razones de ser de tantos años de persecución para el movimiento social de esta región.
En la despedida dirigen un mensaje conjunto para los compañeros tras las rejas del régimen para no claudicar: “no está en juego la libertad y vida de uno como individuo, sino la dignidad de un pueblo que no se debe doblegar y someter, cuando lo que está reclamando es justo”.
“El valor de la vida y libertad es incalculable pero por encima de esas cosas está la dignidad y lealtad a las luchas del pueblo, así perdamos la vida, nos metan en a cárcel, no debemos desistir en seguir soñando un futuro mejor, una nueva sociedad, y entre todos y todas construir ese mundo que nos merecemos”. Unas palabras finales que no son retórica vacía en un país donde 1.275 líderes han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz y los montajes judiciales constituyen una efectiva forma de reprimir la disidencia y acallar durante varios años a aquellos que desafían el orden de las cosas.
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