Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2022.
La propuesta fue avalada la madrugada del viernes en el Senado por 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Sin embargo, buena parte de la sociedad civil y la oposición la rechazan.
La Guardia Nacional de México, una de las principales institución civiles de seguridad pública, ya forma parte desde este viernes por decreto del Ejército, tal y como planeó el presidente Andrés López Obrador, quien considera este cambio esencial para hacer frente al crimen organizado y a la violencia que impera en este país.
Este cuerpo, creado en 2019 como parte de un proyecto del presidente y compuesto en su mayoría por miembros de las Fuerzas Armadas, se encontraba hasta la fecha bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La propuesta fue avalada en el Senado por 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención.
Sin embargo, buena parte de la sociedad civil y la oposición se han mostrado contrarios a esta medida. Acusan a López Obrador de cambiar la posición que sostenía cuando era candidato –siempre a favor de devolver al Ejército a sus cuarteles– y de querer militarizar el país.
También critican que la reforma va en contra de lo establecido en la Constitución, donde se considera a la Guardia Nacional como una institución civil. Está previsto que el Partido Acción Nacional (PAN) presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
López Obrador justifica su giro de postura por el problema de inseguridad. «Sí, sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. Cómo enfrentar el problema de la inseguridad», comentó.
«Vi que se tenía que enfrentar el problema de inseguridad y no se tenía con quién«, añadió el mandatario, quien considera que las Fuerzas Armadas son más difíciles de corromper por el crimen organizado.
El mandatario aseguró «estar convencido» de que esta institución debe depender de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para que no «se eche a perder», como «pasó con la Policía Federal», creada durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y que sustituyó la Guardia Nacional.
«No a la militarización»
Opinión de comunicadora mexicana Olga Muñoz:
“Hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho, a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”. Con esta declaración más de 250 organizaciones del colectivo Seguridad sin Guerra se opusieron en diciembre de 2017 a la Ley de Seguridad Interior promulgada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la cual, advirtieron, militarizaba el país y abría la puerta a violaciones de las garantías de los ciudadanos. Vinieron marchas multitudinarias de repudio a la ley, la mayoría reprimidas por el gobierno del presidente priísta. Los análisis en medios de comunicación, espacios académicos y de la sociedad civil desmenuzaron las implicaciones de dejar en manos del Ejército la seguridad pública. La movilización no paró y, casi un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley al declararla inconstitucional. Faltaban días para que Peña Nieto dejara la Presidencia, y se fue sin concretar en la Constitución lo que de cualquier forma ya había iniciado su antecesor panista Felipe Calderón: la militarización de un país que se estaba desangrando entre la violencia del crimen organizado y de las fuerzas castrenses.
La invalidación de la Ley de Seguridad Interior peñista se dio precisamente un día antes de que el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentara el plan de creación de la nueva Guardia Nacional (GN). Casi cuatro años después, lo que en el peñismo fue rechazado con contundencia, se consolidó ayer con el traspaso de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional, hecho considerado por la alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, como “retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos”. Las reformas con que se transfiere el control operativo, presupuestario y administrativo, advirtió la representante de la ONU, dejan a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, situación preocupante, pues “las fuerzas de seguridad pública deben estar subordinadas a las autoridades civiles”. Rechazar la militarización y no olvidar que las fuerzas armadas han sido y son protagonistas de ejecuciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, sin que su participación en la seguridad pública haya disminuido la violencia en el país, es lo que toca, igual que hace cinco años, con los priístas de entonces.
Esta semana, activistas y defensores de derechos humanos se manifestaron al grito de «no a la militarización» o «la militarización, no es la solución», en la capital mexicana.
«Recomendamos al Gobierno y al Congreso no profundizar en el militarismo. Hoy no hay amenaza más grande para la democracia que terminar de militarizar la seguridad pública», reza uno de los comunicados publicados por el colectivo Seguridad Sin Guerra, integrado por académicos, defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas.
Amnistía Internacional dice que se ha demostrado que México es «más peligroso que hace 16 años, cuando se decidió que militares salieran a las calles». Según sus cálculos, los homicidios se han incrementado un 218 % entre 2006 y 2022.
«Miembros de las corporaciones militares mexicanas han cometido con frecuencia crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad«, subraya. De 2014 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió al menos 6.661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Sedena, la Secretaría de la Marina (Semar) y la Guardia Nacional.
Actualmente, el país se encuentra envuelto en una ola de violencia y, según un informe de la organización no gubernamental Causa en Común, durante los primeros seis meses de 2022, se registró un promedio de 17 atrocidades al día, lo que representa un incremento interanual del 18 %
De diciembre de 2018 a julio de 2022, se reportaron 126.595 asesinatos y alrededor del 93 % de los crímenes sigue sin resolverse.
Fuente: RT
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