Un manifestante sostiene un cartel pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
En vísperas de nueva ola de protestas convocadas desde julio, los sindicados y organizaciones instan a la presidenta Dina Boluarte que renuncie a su cargo.
Las organizaciones sociales de las regiones del norte, centro y sur están convencidas de que la renuncia de la presidenta Boluarte devolvería la paz al terminar con la polarización que atraviesa la nación.
En este sentido, la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) principal agrupación sindical del país, y la Asamblea Nacional de los Pueblos han expresado su respaldo a la tercera edición de las protestas que se conoce bajo el nombre de Toma de Lima planificada celebrar el 19 de julio a lo largo del país.
“Dina Boluarte debe renunciar antes del 19 de julio y evitar la convulsión social (...) los peruanos estamos decididos a recuperar la democracia”, ha declarado el dirigente de CGTP, Erwin Salazar, quien además ha subrayado que la próxima movilización tiene como objetivo principal exigir a la mandataria cumpla su palabra y deje el poder.
También, ha precisado que el 1 y 2 de julio se efectuará el Primer Encuentro Nacional de las Regiones y Pueblos Organizados del Perú en la ciudad limeña, con la finalidad de finiquitar los detalles de la movilización.
Tras advertir que esta marcha cívica será “contundente”, el jefe de CGTP ha pedido convocar elecciones anticipadas para elegir a un nuevo presidente y otras autoridades nacionales que acaben con la “polarización” del país.
Las declaraciones de Salazar se producen después de que la presidenta peruana descartó esta semana llamar a elecciones anticipadas en Perú. “El tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y de acuerdo a la Constitución hasta julio de 2026”, dijo Boluarte a la prensa al término de un consejo de ministros en Lima, la capital.
Desde el 7 de diciembre, Perú es escenario de manifestaciones, luego que Boluarte, entonces vicepresidenta, asumiera el gobierno en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva por presuntos delitos de rebelión y conspiración. Los manifestantes exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para 2023 y una nueva constitución, entre otras demandas.
Boluarte respondió a las protestas declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles, una decisión que causó la muerte de decenas personas como resultado de la represión militar y policial.
mmo/rba
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