Por: Raul Pont, Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2023.
“A toque de tambor”, rápidamente, sin conocimiento público, la Cámara Federal aprobó cambios que favorecen los intereses personales de los propios parlamentarios.
Al igual que los cambios a las normas electorales de 2017 y 2021, la Cámara Federal acaba de votar nuevas alteraciones sin ningún conocimiento público, sin participación de los ciudadanos y de la sociedad. Ni siquiera los afiliados a los partidos tuvieron la oportunidad de conocer, opinar y participar en este proceso. En menos de dos meses, un Grupo de Trabajo multipartidario acordó una llamada minireforma, que sería consensuada, sólo para pequeños ajustes a las leyes electorales.
Eso no fue lo que pasó. En un abrir y cerrar de ojos, la Cámara Federal aprobó cambios que favorecen los intereses personales de los propios parlamentarios, debilitan a los partidos, defraudan las cuotas de género, perjudicando a las candidatas y distorsionando la necesaria coherencia programática que los partidos y candidatos deben presentar al debate democrático en la sociedad.
En reformas anteriores, aún sin responder a los problemas más graves del sistema electoral, como el anacrónico y corruptor voto nominal y la absurda falta de proporcionalidad en la representación de los ciudadanos en la Cámara Federal, el hecho de que prohibieran las coaliciones proporcionales y establecieran una cláusula de desempeño mínimo para los partidos dio inició a un proceso de fortalecimiento y coherencia para los partidos políticos. Prueba de ello son las elecciones de 2018 y 2022.
Con estas medidas, el número de siglas de partidos se redujo a la mitad, dejando a unos 15 partidos o federaciones con plenos derechos de representación. Pero veámoslo punto por punto. Las dos fuentes de recursos públicos de los partidos son el Fondo Partidario y el Fondo Electoral, este último creado para reducir el peso del poder económico y prohibir el financiamiento electoral por parte de Personas Jurídicas (empresas, bancos, etc.) para candidatos y partidos.
Sin embargo, la financiación privada continúa. La ley permite contribuciones de Personas Físicas y es común en los registros de los tribunales electorales ver a los accionistas y sus familiares realizar grandes aportes personales reemplazando la donación de la Persona Jurídica, lo que hace que la contienda electoral sea bastante desigual. Como las campañas son individualizadas (voto nominal) y no por lista partidaria, los diputados suelen votar por Fondos Electorales multimillonarios y en la hora de su distribución, el reparto es muy desigual, además de asombrar a la opinión pública por su volumen.
Las direcciones partidarias, no siempre elegidas democráticamente, y las bancadas federales establecen criterios electorales pragmáticos y este recurso además es distribuido de forma desigual e individualizada, lo que no cumple el papel de democratizar y renovar la representación política. La minireforma no enfrenta esta tendencia a la burocratización y agrega elementos de mayor distorsión.
Autoriza que el recurso público electoral sea usado para gastos personales de los candidatos, para la compra y alquiler de vehículos, para el pago de servicios de seguridad personal, además de estimular y permitir el movimiento vía Pix (transferencia instantánea) para donaciones de montos, dificultando mucho la identificación personal o empresarial de los aportes. También se amplía la posibilidad de aportaciones personales de los propios candidatos y se establece como límite el 10% de los ingresos declarados en el año anterior para las aportaciones de simpatizantes privados. Es decir, no se corrigen las distorsiones existentes en la distribución del Fondo Electoral, ampliándose los aportes individuales privados.
Más. Uno de los avances en la última confrontación, para corregir distorsiones históricas, fue la garantía de una cuota del 30% del Fondo Electoral para ser invertido en las candidaturas de mujeres. Una acción afirmativa correcta para enfrentar el bajísimo indicador brasileño de presencia femenina en la representación política en el país. La minireforma actual mantuvo el 30% para candidaturas femeninas, pero abrió una peligrosa brecha al permitir que el recurso sea usado en candidaturas masculinas, siempre y cuando la “propaganda” o el “doblete” beneficie las candidaturas de mujeres.
Ahora, lo que se vio en el comportamiento de varios partidos y cientos de casos que terminaron en el Tribunal Electoral, fue el abuso de candidaturas femeninas “naranjas” /1/ que ahora serían “legalizadas” y “beneficiadas” con candidaturas masculinas. Otra flagrante ilegalidad de la minireforma es defraudar la prohibición de las coaliciones proporcionales, uno de los pocos avances democráticos de la Reforma Electoral de 2017. Partidos y Federaciones que tengan programas y propuestas diferentes no pueden hacer coaliciones proporcionales entre sí. Se trata de engañar al elector, que vota por el candidato de un partido y pueden, con su voto, elegir al candidato de otro partido.
El truco que inventó la minireforma es autorizar la propaganda conjunta de candidatos de diferentes partidos y/o con programas antagónicos. Un alcalde actual que haga campaña conjunta con concejales del partido de oposición, o diputados federales que paguen la campaña de diputados estatales de otros Partidos o Federaciones. Un estímulo a la infidelidad partidista, una afrenta a la educación política y al fortalecimiento de la democracia que deben practicar los procesos electorales.
Otro daño flagrante a los partidos del campo popular y democrático cometido por la minireforma fue no incluir una solución democrática para cambiar el número de candidaturas en relación con las vacantes en las cámaras legislativas, a pesar de ser uno de los temas de todas las noticias que trataban una nueva reforma electoral. Al restringir, en la reforma de 2021, el número de candidaturas al número de vacantes más uno, se creó una contradicción con la aprobación de la posibilidad de que los partidos constituyan una Federación. Deliberadamente, el tema quedó fuera del orden del día, cuando habría sido posible garantizar a todos los partidos el retorno del criterio anterior del 150% de las vacantes como número límite de candidaturas por Partido o Federación.
Por último, el historial de otro daño más a la democracia. La gran mayoría de los municipios brasileños tienen entre 9 y 13 concejales en sus Cámaras Municipales. Esto significa un cociente electoral de alrededor del 10% de los votantes, es decir, una “cláusula de barrera” muy alta. En la ley actual y en las elecciones de 2022 estuvo vigente una legislación que permitía a los partidos que no alcanzaran un cociente electoral poder competir por un escaño en el resto, siempre y cuando alcanzaran el 80% del cociente electoral.
La minireforma simplemente retomó el carácter excluyente del cociente electoral como criterio de corte, incluso si el resto lo disputará un candidato con el 10% o más de los votos. Medida que no considera a las minorías, que favorece a partidos conservadores y oligárquicos y no fomenta una mayor representación de la comunidad en la Cámara Municipal.
Por estas razones, ante la ausencia de un debate democrático en la sociedad, defendemos que las Federaciones y partidos del campo democrático y popular movilicen sus fuerzas para no permitir que este minigolpe, disfrazado de minireforma electoral, sea aprobado en el Senado y sancionado por el presidente Lula. Esta reforma electoral no es lo que Brasil necesita. Aquí no vale el argumento de que no hay una relación de fuerzas favorable, de que no hay nada más democrático en el actual Congreso. Ahora bien, si no tenemos una propuesta, si no hacemos propaganda, si no movilizamos a amplios sectores sociales en este sentido, nunca habrá un cambio progresista.
Tampoco estamos obligados a pactar retrocesos. Nuestra lucha debe ser garantizar una verdadera representación de la ciudadanía de acuerdo con la real población de los Estados, tener un sistema democrático que fortalezca a los partidos y garantía efectiva de gobernabilidad a los Ejecutivos a través del voto en lista partidaria cerrada con compromisos programáticos y proyectos de desarrollo económico y social.
Nota 1: candidaturas falsas, “truchas”.
FUENTE: Sinpermiso
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