Durante el examen, Rousseff o un representante designado por ella tendrá derecho a hablar durante 10 minutos antes de la votación.
El órgano colegiado está integrado por 21 miembros. En 2022, durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, la comisión negó la solicitud presentada por la exmandataria (2011-2016).
Por unanimidad, los integrantes entendieron que no correspondía atender la solicitud porque ya había sido aceptada por el Gobierno del estado de Rio Grande do Sul, con los mismos argumentos que los presentados a la junta.
Tras la negación, la defensa de la expresidenta presentó un recurso de apelación, que será escuchado este jueves. Rouseff pide una indemnización mensual de 10 mil 700 reales (unos mil 900 dólares).
Presentó la solicitud en 2002, año en que se creó la Comisión de Amnistía.
Desde entonces, el documento pasó por varios sectores de la cartera de Justicia antes de estar listo para su análisis.
En la solicitud, los abogados argumentan que además de ser detenida y torturada durante el régimen militar, Rouseff fue impedida de retomar la carrera de Economía en la Universidad Federal del estado de Minas Gerais (sudeste).
Años después, también fue presionada por el régimen para dejar su trabajo en la Fundación de Economía y Estadística de la división territorial Rio Grande do Sul. El pasado año, a raíz del aniversario 60 del golpe militar de 1964, la antigua guerrillera señaló que hace seis décadas, «fuerzas reaccionarias y conservadoras se unieron, rompieron la Constitución, traicionaron la democracia, y eliminaron las conquistas culturales, sociales y económicas de la sociedad brasileña».
Refirió que «en el pasado, como ahora, la historia no borra los signos de traición a la democracia ni limpia de la conciencia nacional los actos de perversidad de aquellos que exiliaron y mancharon de sangre, tortura y muerte la vida brasileña durante 21 años».
Creada por ley en 2014 en la administración de Rousseff, la Comisión Nacional de la Verdad presentó su informe final y concluyó que la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, la tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas eran el resultado de una política estatal contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.
Actualmente, Rousseff es presidenta del banco de desarrollo del Brics, un bloque liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
rc/ocs
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