El pasado lunes 5 de febrero advertimos que se estaba fraguando contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, un nuevo caso de lawfare en la región, cuya maniobra implica una guerra política por la vía judicial-mediática a fin de lograr un cambio de régimen por vías no convencionales.
Asimismo, mencionamos que había señales del inicio de un proceso de persecución contra miembros del gobierno para mermar el poder del presidente, por parte del fiscal general Francisco Barbosa, ficha del expresidente Iván Duque que puso la institución al servicio de las élites conservadoras. El periodo de Barboza termina el próximo 12 de febrero y en estos últimos días extrema sus posturas contra Petro.
El escenario de confrontación se hizo más evidente este jueves 8 de febrero cuando la Corte Suprema de Justicia informara que no había logrado elegir a la nueva Fiscal de la nación, lo que provocó que se congregaran manifestantes frente a la sede de esta institución ubicada en la capital del país. La Corte Suprema de Justicia tiene que elegir entre Amelia Pérez, Ángela María Buitrago o Luz Adriana Camargo.
Los manifestantes, mayoritariamente compuestos por organizaciones sindicales, reclamaban el retardo en la definición de la nueva autoridad del Ministerio Público y exigían a la Corte que eligiera de inmediato a una de las tres candidatas a la Fiscalía propuestas por Petro desde el año pasado. La protesta también buscaba impedir que la Fiscalía quedara a cargo de forma interina de la vicefiscal Marta Mancera, mano derecha de la autoridad saliente y quien posiblemente continúe la guerra contra el gobierno de Petro.
Adelantándose al golpe blando en su contra, Gustavo Petro había convocado marchas, así como lo hicieron líderes de derecha argumentando que el mandatario buscaba imponer una revolución.
Sobre el retardo del proceso para elegir a la nueva autoridad, y con ello frenar la ruptura constitucional orquestada por Barbosa, Petro dijo que sectores ajenos a la Corte Suprema de Justicia y ligados con el narcotráfico y la corrupción buscan interrumpir su mandato. Por su parte, la Corte elevó el tono y acusó al Ejecutivo de poner la democracia “en vilo”.
Distintos materiales audiovisuales evidencian que hubo infiltrados que intentaron cambiar el tono de la protesta pacífica que se venía registrando frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, como lo reportaron varios usuarios en redes sociales. Cabe destacar que un escenario de violencia contribuiría a afianzar la narrativa opositora de que Petro quiere generar caos para imponer una “revolución”, estigma que han querido proyectar debido a que el Presidente estuvo ligado a movimientos de izquierda.
Todo indica que las tensiones políticas en Colombia seguirán creciendo mientras el fiscal Francisco Barbosa, abiertamente opositor, continúe ejerciendo el cargo o mantenga su influencia en la institución para tratar de derrocar a Petro vía lawfare, maniobra que ha sido empleada contra otros gobiernos progresistas de la región.
Mal que bien podría el presidente Petro confiar en las gestiones y llamados que desde instituciones como la OEA se pudieran hacer en favor de la estabilidad democrática de su país. Un breve resumen de su accionar en años recientes confirma que la organización es fuente de desestabilización, si no veamos el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
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