En carta enviada por la Cancillería a su similar salvadoreña, en respuesta a Nota Diplomática recibida en Caracas el 22 de abril, la República Bolivariana afirmó que dicha comunicación “constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Así como de la comisión de actos que “podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales”.
Mencionó la violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos deportados de Estados Unidos, quienes fueron privados de libertad de forma arbitraria, recluidos sin orden judicial ni juicio previo en un centro de confinamiento de máxima seguridad y sometidos a condiciones degradantes e inhumanas.
Además de verse imposibilitados de “contacto con familiares ni representación legal, y lo más importante, convirtiéndolos en víctimas del gravísimo delito de trata humana”.
También la criminalización colectiva y xenofobia institucional, al atribuirse, sin pruebas individuales, la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales (desmanteladas en Venezuela), en “abierta vulneración de los principios de presunción de inocencia y responsabilidad penal individual”.
Aludió, además, a la negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica, ni comparecencia ante tribunales competentes.
Lo cual, aseveró, constituye una violación directa de las garantías mínimas reconocidas por el derecho internacional general, “transformándolos de manera automática en víctimas de desaparición forzada”.
La Cancillería bolivariana consideró la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de “canje ilegal y moralmente inadmisible”, al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un «intercambio» por ciudadanos privados de libertad en Venezuela, por la “comisión de terribles hechos punibles”.
“Este planteamiento constituye una aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana”, remarcó.
El Gobierno bolivariano exhortó a su par salvadoreño a “dar respuesta inmediata, veraz y concreta” a cinco preguntas elaboradas por la Fiscalía venezolana, que contiene requerimientos fundamentales para la investigación en curso y la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.
La identificación de las personas venezolanas privadas de libertad que fueron deportadas desde Estados Unidos; qué delitos cometieron en El Salvador; se les garantizó el derecho a la defensa, la salud y a la comunicación con sus familiares, entre otras interrogantes.
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