(PL) El terremoto político causado por los sobornos pagados en Perú por la empresa brasileña Odebrecht, escándalo por el que un expresidente está preso y otros dos son investigados tiende, además, a ser una bomba de tiempo.
El diario brasileño O Globo, además de confirmar la declaración del presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, sobre aportes electorales a más políticos peruanos, se refiere a delaciones de los exejecutivos de la misma Luiz Mameri, Luis Alberto Weyll y Rogério de Araújo, sobre operaciones en Perú.
Analistas locales consideran que esos nuevos elementos, no conocidos aquí, pueden dar luces que incriminen a personajes bajo sospecha, como el expresidente neoliberal Alan García y la jefa del partido de línea similar Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que niegan haber recibido fondos de la empresa brasileña.
Hasta ahora, solo están incriminados por Odebrecht los expresidentes Ollanta Humala (2011-16), por una indicación del Partido de los Trabajadores (PT) de darle a su campaña tres millones de dólares, lo que él niega, y Alejandro Toledo (2001-06), por recibir un soborno de 20 millones de dólares.
Sin embargo, las sospechas rondan sobre García debido a sus fluidas relaciones con la empresa y el cobro de sobornos recibidos en parte por funcionarios de segundo nivel por la obra del tren eléctrico de Lima, impulsada por el entonces presidente (2006-11).
También sobre Keiko Fujimori, por la confesa política de Odebrecht de financiar candidatos con opción de triunfo, como ella en los comicios de 2011 y 2016, aunque la dirigente, cuyo partido tiene mayoría en el parlamento, niega haber recibido dinero para sus campañas.
El fiscal a cargo de las gestiones de colaboración internacional, Saúl Peña Cabrera, declaró ayer que 'no se puede descartar que otros candidatos hayan recibido dinero de la empresa' pues hay información aún no revelada.
Sobre las delaciones de los tres ejecutivos citados, aseguró que la fiscalía peruana conoce la de uno y realiza gestiones para acceder a las otras dos, sobre las que se ha pedido información a Brasil y se alista un nuevo viaje de fiscales a ese país.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo ayer en una entrevista, ante una pregunta de la prensa, que a él no le ofrecieron ni recibió dinero de Odebrecht y añadió que, teniendo en cuenta que andaba relegado en las encuestas '¿para qué iban a desperdiciar la plata?'.
El mandatario deploró que en Perú haya dos expresidentes presos -Humala y Alberto Fujimori (1990-2000), el primero en prisión preventiva y el segundo condenado a 25 años- y otro, Toledo, fugitivo en Estados Unidos y extraditable.
El caso Odebrecht ha amagado sobre el actual jefe de Estado porque fue primer ministro y titular de Economía del gobierno de Toledo y diversas versiones señalan que como tal tuvo que ver con el proceso que facilitó el contrato con Odebrecht para la construcción de una carretera, por la que Toledo habría cobrado el soborno mencionado.
Kuczynski lo niega rotundamente y en los momentos de mayor crispación el partido de Fujimori lo cuestiona por lo que habría sido su papel en aquel contrato con Odebrecht y ha sido indagado e interrogado por la fiscalía sobre el tema, aunque no hay acusaciones firmes en su contra.
En cuanto a Keiko Fujimori, diversos medios de prensa, parlamentarios y juristas señalan que debe ser investigada a partir de lo dicho por Odebrecht, como ocurrió con Humala y su esposa, en prisión preventiva desde el 14 de julio último.
El presidente de la comisión parlamentaria investigadora del caso Odebrecht, Jorge Castro, consideró necesario investigar a Fujimori y a los políticos posiblemente receptores de aportes electorales deo Odebrecht.
La legisladora progresista Marisa Glave señaló que existen elementos para que investiguen a la dirigente tanto el ministerio público como el parlamento y en igual sentido se pronunció el ex fiscal supremo Avelino Guillén.
Sin embargo, el diario La República señaló que la mayoría congresal fujimorista, que controla la comisión investigadora del caso Odebrecht, se resiste y bloquea la pesquisa, alegando que la información de O Globo es solo parte de una campaña de desprestigio de su jefa.
Distinto parece ser el motivo de la impunidad de Toledo, sobre quien pesan dos órdenes de captura y un dictamen de prisión preventiva y cuya extradición está empantanada en Estados Unidos, lo que motivó un llamado de atención del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
'Pedimos a las autoridades estadounidenses que cumplan los tratados de extradición', dijo el magistrado, al señalar que Perú ha cumplido todos los requisitos del trámite de extradición presentado hace casi seis meses, sin que haya respuesta alguna.
Añadió que el pedido se encuentra en manos del Departamento de Estado norteamericano, de donde debió pasar al de Justicia y de este a un juez federal para que ordene la detención preventiva del exgobernante fugitivo.
Medios de prensa locales han revelado que Toledo ha contratado a influyentes políticos conservadores como asesores de su defensa, que podrían ponerlo a salvo de la extradición.
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